A partir del siglo XIX, aparece un fenómeno social nuevo, ‘la población’, al cual vienen asociadas nuevas necesidades económicas y sociales; se hace necesaria una racionalización económica de este hecho (ya no conjunto de personas de carne y hueso) a las necesidades del capital.
Se utilizaría una estrategia de poder –biopoder- configurada mediante investigaciones y estimaciones estadísticas, intervenciones planificadoras y campañas colectivas para regular el equilibrio de ciertas variables biológicas: natalidad, mortalidad, morbilidad, siniestrabilidad, nivel de salud, duración de la vida, alimentación, vivienda, inmigración, etc.
Para su regularización se utilizan instituciones muy diversas: la familia, el ejército, la escuela, la policía, la medicina individual... La vida se introduce en un campo de control del saber y de intervención del poder, posibilitando que por primera vez en la historia, lo biológico se refleje en lo político, produciéndose un afianzamiento de la norma de comportamiento sobre la eficacia reguladora de la ley.
En la lucha política moderna, el objeto de litigio es la vida, no los derechos, pues, desde esta perspectiva, frente a un poder que la persigue sólo cabe afirmarla en toda su plenitud: la vida como principal objetivo del combate político.
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